Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), alrededor de 600 millones de personas en el mundo – casi uno de cada diez habitantes – enferma por ingerir alimentos contaminados. Para llamar la atención sobre la importancia de prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, dicha organización ha establecido que, a partir de este año, el 7 de junio sea el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria.

Cuando hablamos de seguridad alimentaria, el consumidor se hace preguntas sencillas: ¿Son seguros los alimentos que consumimos? Si somos alérgicos a ciertos ingredientes, ¿podemos confiar en el etiquetado? ¿Estamos consumiendo realmente lo que creemos estar consumiendo? ¿Cómo se producen? Cada día más consumidores están interesados en cómo se producen los alimentos, en términos también medioambientales o de bienestar de los animales y de su procedencia u origen.

Ante estas preguntas, la industria alimentaria tiene que ser capaz no solo de contestarlas sino de transmitir confianza a los consumidores sobre la veracidad de sus respuestas. Además, es cada vez más necesario considerar el entorno internacional, ya que las materias primas, los ingredientes, los componentes o los productos pueden provenir de diferentes países y, por otra parte, los productos son vendidos cada vez más frecuentemente en mercados exteriores.

Confianza y rigor en la cadena alimentaria

La Unión Europea, principal mercado de los operadores alimentarios españoles, se ha dotado desde hace tiempo de un marco legal que establece un conjunto de reglas claras que pretenden prevenir, eliminar o reducir el nivel de riesgo para la salud humana en toda la cadena alimentaria, lo cual incluye todos los procesos, productos y actividades relacionados con la producción y la manipulación de los alimentos y piensos, e implica tanto a las autoridades competentes como a los operadores privados (productores, fabricantes, distribuidores, importadores, etc.).

Tras diseñar el sistema de control oficial de la cadena alimentaria, las autoridades europeas confían en la acreditación como una de las piezas fundamentales en su estrategia en este campo desde hace más de dos décadas. Esto queda patente en la exigencia establecida en el Reglamento (CE) nº 625/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, en el que se mantiene la obligatoriedad de que las autoridades competentes sólo designen para los controles oficiales a laboratorios acreditados de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025. En la actualidad, la práctica totalidad de los laboratorios oficiales de las administraciones que realizan el control oficial en España están acreditados por ENAC. Adicionalmente, numerosos laboratorios privados acreditados participan en el control oficial en aplicación del mencionado reglamento europeo.

Pero, además, en los últimos años se está detectando un interés creciente por parte de la industria alimentaria en la acreditación de sus sistemas internos de control, incluidos sus laboratorios internos.

En total, hoy día en torno a 400 laboratorios acreditados contribuyen tanto a garantizar la seguridad de los alimentos como a comprobar unas características determinadas de cara a las posibles denominaciones de venta de los productos o a su clasificación en unas determinadas calidades, aportando a los distintos agentes del sector (administración, asociaciones profesionales, consejos reguladores, distribuidores, productores, centros tecnológicos,…) servicios analíticos técnicamente competentes para una gran variedad de productos, técnicas y parámetros.

Por su parte, un centenar de entidades de certificación e inspección están acreditadas en este sector. La certificación acreditada de producto aporta al consumidor final la confianza de que un producto cumple con ciertos requisitos de normas nacionales e internacionales. Las entidades de inspección acreditadas verifican el cumplimiento de criterios específicos, tales como el bienestar animal, la adecuación de los procesos de elaboración, etc.